La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (Dipac) del Departamento de Justicia investiga a la psicóloga Maitté Llerandi Cruz -hermana del exsecretario de la Gobernación Ricardo Llerandi Cruz- tras un referido presentado el 12 de mayo de 2022 por la Oficina del Contralor.
Una auditoría reveló supuestas facturaciones de la psicóloga al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), que confligían con lo facturado a otras dependencias gubernamentales.
Según el reporte de la Contraloría, Llerandi Cruz obtuvo un contrato con la agencia el 20 de febrero de 2018 por $30,720.29 para la coordinación de la logística diaria del proyecto PREA (Prision Rape Elimination Act, en inglés), que requería la implementación de metas y el monitoreo del progreso y desempeño.
La psicóloga presentó siete facturas por $22,528 correspondientes a servicios ofrecidos en 704 horas en 92 fechas entre el 9 de marzo al 30 de septiembre de 2018, por las que la agencia emitió cheques que totalizaron $21,056.
Mientras prestaba los servicios en Corrección, Llerandi Cruz presuntamente también tenía un contrato de servicios profesionales y consultivos con el Departamento de Educación por $24,000.
La psicóloga presentó a Educación tres facturas por $7,200 correspondientes a servicios ofrecidos en 180 horas entre el 9 de marzo de 2018 y el 30 de mayo de 2018, por los cuales la dependencia emitió tres desembolsos por $6,696.
Llerandi Cruz fue eje de controversia en marzo del 2019 cuando el Senado dio paso a su nombramiento como integrante del Comité de Derechos de Víctimas del Delito, adscrito al DCR, en calidad de especialista en salud mental. El proceso transcurrió de manera expedita y no contó con vistas públicas.
Según el Registro de Contratos de la Oficina de Contralor, la psicóloga no tiene contratos vigentes con dependencias gubernamentales en este momento. Su último contrato, también con el DCR, expiró en diciembre del 2020. Originalmente era por $7,500, pero fue enmendado para extender su vigencia y aumentar a $15,000.
Bajo la mira otra contratista
Por otro lado, la directora de la Dipac, Yolanda Morales, confirmó que su división también mantiene activa una pesquisa en contra de otra contratista, Yamilette Flores García, por acciones similares que salieron a relucir en la misma auditoría.
Flores García obtuvo un contrato por $30,000 con el DCR en octubre del 2017 por servicios de un profesional con experiencia en asesoramiento de asuntos legislativos y otras funciones.
De haber intención criminal pagarán las consecuencias
La contratista presentó nueve facturas por $27,000 correspondientes a servicios ofrecidos en 590 horas entre el 3 de octubre de 2017 y 30 de junio de 2018, sin embargo, para este mismo periodo también facturó labores a la Cámara de Representantes, el Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Oficina del Gobernador.
El examen de las 25 facturas -que totalizan $67,793- remitidas por la contratista por los servicios ofrecidos a las cuatro agencias gubernamentales entre el 4 de octubre de 2017 y el 30 de junio de 2018, reveló que Flores García facturó 181.5 horas que confligían con lo facturado en las otras dependencias.
A diferencia de Llerandi Cruz, el Registro de Contratos de la Oficina de Contralor establece que Flores García tiene un contrato vigente hasta el 30 de junio del 2023 con FIDA por $75,000 para brindar servicios de gerencia de proyectos.
Corrección realiza cambios
Por su parte, el DCR aseguró, a través de declaraciones escritas, que han “revisado las recomendaciones emitidas por la Contralor incluidas en este informe y estamos en proceso de realizar cambios adicionales que nos permitirán continuar atendiendo con transparencia estos asuntos”.
La agencia indicó que la secretaria Ana Escobar Pabón ordenó a las secretarias y el equipo de Presupuesto y Finanzas del DCR asegurarse de realizar una “preintervención y verificación adecuada” de las facturas de los contratistas antes de realizar el pago.
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